Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Gualeguaychú compartimos el comunicado de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).
El 26 de septiembre es una fecha de alegría y orgullo para los empleados de comercio de nuestro país. En esa emblemática fecha, hace 92 años, quedó promulgada la Ley 11.729 que sentó las bases del sistema indemnizatorio de nuestro ordenamiento jurídico laboral.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio es una organización sindical que siempre, a lo largo de sus 94 años de existencia, ha mantenido una constante preocupación por la defensa de la democracia y de la calidad de vida de sus representados. Democracia y calidad de vida son conceptos que caminan de la mano. Ambos confluyen en una construcción histórica: la justicia social. En Argentina, este concepto es parte insustituible del ser nacional. Como cualquier construcción que lleva tiempo y trabajo, no puede ser ignorada y destruida de la noche a la mañana.
Pero, ¿qué significa esto? Argentina construyó su estado a partir de una idea: era necesaria una política de redistribución que permitiera que los trabajadores y trabajadoras accedieran a los bienes públicos elementales para una vida digna. Educación primaria, secundaria y universitaria gratuita, atención de la salud, jubilaciones, protección social, sindicatos para equilibrar las relaciones laborales.
Nuestra sociedad creció a lo largo de más de 80 años al calor de estas políticas e instituciones sociales. Hoy, de golpe y a partir de argumentos y explicaciones falaces, dejamos que desaparezca este argumento andamiaje social, como que de golpe nada de esto sirvió.
Los empleados de Comercio nos preguntamos ¿y a dónde va la gente a estudiar para perfeccionar sus capacidades para afrontar las demandas del trabajo? ¿Ahora está mal que los hijos e hijas de las clases bajas quieran ir a la universidad? ¿Cómo atienden su salud los humildes, sin trabajo o con trabajo precario, con la salud pública defenestrada?
Desde hace ya bastante tiempo estamos presenciando un deterioro en la calidad de vida de la gente. En la salud, en la educación, en el trabajo.
Pero nos preocupa particularmente el deterioro de nuestro mercado de trabajo. Estamos viviendo un constante declive de la protección laboral.
Una realidad económica que golpea vorazmente la capacidad adquisitiva del salario y el alto nivel de deterioro de la salud, mental y física, las inseguridades y la desesperanza, cambios abruptos de la jornada laboral y el debilitamiento de la organización sindical, arrojan incertidumbre respecto al futuro de generaciones.
De allí nuestro apoyo a los justos reclamos de la CGT, porque los problemas aquí planteados lo son para todos los trabajadores y trabajadoras de la Patria. La carencia de una idea de justicia social no solo encierra una actitud de despreocupación por el otro sino también un profundo desconocimiento del funcionamiento de la economía real. La doctrina de la justicia social no es solo un tema político. Es moral, es precisamente social, es la que permite corregir aspectos de la vida en sociedad que ningún mercado puede corregir. De allí que este 26 de septiembre, los empleados de comercio recurrimos a nuestra historia y rescatamos, con alegría y orgullo, el haber aportado, con la ley 11.729, nuestro grano de arena al establecimiento de la justicia social, al tiempo que llamamos la atención sobre las consecuencias de negar la crisis social que estamos atravesando.
Seguimos dispuestos a dialogar sobre estas preocupaciones que consideramos vitales para el futuro de la Patria.